- El presidente de la CEDH se negó a actuar ante una solicitud de queja mediante la cual se le solicitó iniciar un procedimiento de investigación.
El Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT) presentó ante el Congreso de Tlaxcala, formal petición de Juicio Político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, por diversos hechos constitutivos de responsabilidad de servidores públicos, así como por su total desconocimiento de la interpretación, praxis, técnica jurídica y hermenéutica de los derechos humanos.
Y es que ante lo que pudiera considerarse un claro conflicto de intereses e incluso pago de favores, el funcionario mandó a archivar una solicitud de queja mediante la cual se le solicitó iniciar un procedimiento de investigación.
Lo anterior, respecto del comportamiento del magistrado Mario Jiménez quien fue demando penalmente por abuso de autoridad y acusado de atentar contra los derechos humanos de libertad de expresión y derecho a la información, luego de promover una demanda civil contra dos periodistas que hicieron pública una grabación que da cuenta del reparto discrecional de recursos públicos, de lo cual el juzgador admitió que es su voz y nunca solicitó derecho de réplica ante la información.
“El hoy titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, fue evidenciado por un claro tráfico de influencias, ya que a su hija de nombre Vanessa Cid del Prado Pineda Hernández, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad y procedimiento de contratación, fue acomodada como servidora pública del Poder Judicial del Estado…”, desde el año 2019 y elevada de categoría a la llegada de Mario Jiménez a la presidencia del TSJE se detalla en el juicio promovido.
Dentro de la denuncia presentada la tarde de este lunes ante la Secretaría Parlamentaria, se explicó a los diputados que el ombusperson ha incurrido en una serie de actos u omisiones que han causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública.
Por lo que, sus acciones son probables para fincar responsabilidad debido a que «ha incurrido en la violación a los derechos humanos de manera reiterada, el probable desvío de recursos públicos, la violación sistemática o grave a los planes, programas y presupuestos que tiene asignado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Además de ello, porque se estima que Del Prado Pineda contraviene disposiciones expresas de la Constitución local, y a sus propias leyes internas del Organismo Garante de Derechos Humanos, causando un perjuicio grave a la sociedad tlaxcalteca en la promoción y defensa de los derechos humanos, y por trastornar el funcionamiento normal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala…», refiere parte del Juicio Político promovido.
Además de ello, el presidente de la CEDH quien en la actualidad ha sido más conocido por sus escándalos que ha sorteado, de probable acoso laboral, componendas para colocar a sus primogénitas en puestos públicos, posible desvío de recursos, viajes al extranjero, al interior del país sin sustento y de placer que no abonan en nada a una política pública de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
Además, existe un factible desvío de recursos públicos, pues como fue del conocimiento del Congreso local, y así fue aprobado por la actual Legislatura, la Cuenta Pública de la CEDH fue reprobada en su ejercicio fiscal 2018.
En octubre del 2018 Del Prado Pineda utilizó recursos públicos de la CEDH, para “invitar” un viaje a Orlando Florida, Estados Unidos, a José Luis Valles López, ex integrante de la Brigada Blanca, grupo paramilitar de oscuro pasado que en los años setenta se dedicaban a realizar violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los grupos de izquierda o disidentes que en su momento el gobierno en turno los consideraba sus enemigos públicos, y que en el 2018 fungía como Delegado del Instituto de Migración en el estado.
«Así mismo ha contravenido la Constitución y las leyes locales, pero sobre todo las normas de carácter penal, ya que al aplicarlas de forma tendenciosa o parcial está generando un perjuicio grave a la sociedad tlaxcalteca…», refiere la denuncia de Juicio Político.