- Al “rasurar” la correspondencia, el Poder Legislativo, no garantiza el derecho humano de acceso a la información.
Al “rasurar” o “guardar” información que ya ha sido difundida en las sesiones ordinarias o extraordinarias, el Congreso de Tlaxcala, está, no solamente incumpliendo, sino también violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.
Conforme a una revisión detalla de la normatividad, se desprende que la Secretaria Parlamentaria y la Dirección de Comunicación Social del Poder Legislativo están incumpliendo los artículos tres, cuatro, seis y 24 de la normatividad vigente.
El XII párrafo del artículo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, señala que la “información de interés público se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados”.
Además el XIX del mismo artículo establece que son sujetos obligados “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios”.
Con estas acciones, la Legislatura Local no esta garantizando el derecho humano de acceso a la información, que en su artículo cuatro señala textualmente: “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley”.
En este sentido la correspondencia que recibe el poder legislativo es de interés público y que una vez dada a conocer en las sesiones, debería ser difundida a la población en general, para dar cumplimiento al artículo sexto que dice “El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y de los municipios.
De igual manera el Congreso del Estado estaría incumpliendo el Artículo 24, pues “Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
Recordar que el martes escenainformativa.com, dio cuenta que, sin explicación alguna el Congreso del Estado de Tlaxcala “rasura” la correspondencia que recibe en sus oficinas la Secretaría Parlamentaria, lo que ha ocasionado que no sean dados a conocer documentos que en algunos casos causarían polémica o al ser asuntos “espinosos” para al Poder Legislativo.
Como ejemplos se dieron la semana pasada cuando este medio de comunicación solicitó documentos que fueron dados a conocer en la lectura de la correspondencia del martes (19 de enero) y jueves (21 del mismo mes) en las sesiones ordinarias que se transmiten en redes sociales institucionales de la legislatura local. El primero fue la solicitud de ampliación presupuestal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como la solicitud del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez a los legisladores para que se analice su situación jurídica como magistrado; los cuales no fueron incluidos en los correos electrónicos para los medios.
Mencionar que al interior del Congreso existe la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales que preside la morenista Patricia Jaramillo García, así como el Comité de Transparencia a cargo del panista Omar Milton López Avendaño.