Se inconforman personas con discapacidad en Congreso; se quejan de nulo apoyo de AMLO

  • Exigieron a los legisladores obligar al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos cumplan con dar fuentes de empleo señalados en la ley vigente.

15 personas con discapacidad del municipio de Amaxac, Tlaxcala y Chiautempan, se manifestaron este día en el Congreso del Estado y demandaron a los legisladores locales cumplir la ley vigente que les permite acceder a fuentes de trabajo en Ayuntamientos.

Encabezados por el ex trabajador del Ayuntamiento de Amaxac, Felipe Castillo Hernández, no interrumpieron la sesión de este martes y solamente fueron recibidos en el acceso principal al recinto por personal de seguridad, quienes los condujeron al salón rojo donde fueron atendidos por las legisladoras Ana Bertha Mastranzo e Isabel Casas Meneses.

Con pancartas acusaron que, a un año del actual gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la promesa de campaña de otorgar apoyos económicos a este sector ha sido una mentira.

Entre gritos de “no somos niñis y si queremos trabajo” los inconformes entre ellos sobre silla de ruedas, muletas y ciegos, pidieron a los diputados locales cumplir la Ley para Personas con Discapacidad de Tlaxcala que obliga a las autoridades locales a dar empleo a ciudadanos que padecen alguna discapacidad.

¿Qué dice la Ley?

Conforme a una consulta, la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala a lo largo de los 77 artículos y los cinco transitorios, establece los derechos y garantías, acceso a servicios de salud, vivienda, recreación, educación y fuentes de empleo de personas de este sector, además de acceso a la vida política y de asistencia social.

El artículo 28 de la misma normatividad establece que..”las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en igualdad de condiciones con las demás..” y en el sexto párrafo señala que será obligación de los Gobiernos Estatal y los 60 ayuntamientos “impulsar programas para promover la contratación progresiva de personas con discapacidad hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral del sector público estatal y municipal”.