El gobierno de Tlaxcala logró recuperar más de 39 mil metros cuadrados de dos ex ranchos que desde cerca de 40 años se encontraban en litigio y que serán aprovechados para construir inmuebles públicos.
Se trata de 13 lotes y predios de la zona conocida como ex Rancho San Isidro y Santa Bárbara, ubicados en la colonia la Loma Xicohténcatl, por lo que el gobierno del estado cumplió un pago inicial a la parte quejosa por un monto 40 millones de pesos y en abril de 2023, el pago restante de 5 millones para cumplir con la totalidad del pago.
Así tras cumplir con un juicio de amparo que ordenó dejar insubsistente el procedimiento expropiatorio que hace casi 40 años llevó a cabo de forma irregular la entonces administración de Tulio Hernández Gómez, debido a que nunca fueron asignados para utilidad pública como fue la justificación y, por el contrario, se adjudicaron a particulares – 100 unidades físicas hoy están asentadas –, la familia poseedora inició un procedimiento jurídico que llevaba 39 años hasta ahora, que la justicia federal ordenaba pagar 339 millones de pesos.
En conferencia de prensa, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros explicó que a través del área jurídica, logró conciliar con la parte afectada y se acordó un pago de resarcimiento por 45 millones de pesos, para no afectar las arcas tlaxcaltecas.
Acompañada del cuerpo asesor legal de su administración, dio a conocer las escrituras públicas que devuelven al Gobierno estatal 13 predios debidamente delimitados, los cuales en su momento y dependiendo de las necesidades, serán utilizados para obras de beneficio social.
Explicó que los particulares que están asentados físicamente en esos terrenos – adyacentes a la Central Camionera –, tendrán que tener un acercamiento con la Consejería Jurídica para poder llegar a un acuerdo de comodato de buena fe y seguir utilizando esos espacios, pues ellos no son los legítimos propietarios.
A partir de esta recuperación y de terrenos para la Central de Abastos en Xaltocan, la mandataria informó que su administración va a levantar un inventario de cada uno de los bienes propiedad del Estado, toda vez que hoy no se cuenta con un archivo de las escrituras que avale los mismos, el cual contendrá mapas y croquis detallados para hacer un buen uso y, en su momento, una adecuada entrega recepción.