- 50% de municipios carecen de jueces cívicos, lo que impide poner a disposición a quienes infringen la norma: Sergio González
El Secretario de Gobierno (SEGOB), Sergio González Hernández, reconoció fallas en el proceso de aplicación y cumplimiento del decreto que establece en control en la venta y consumo de alcohol en los 60 municipios de Tlaxcala.
En entrevista afirmo que uno de los aspectos que impide llevar a cabo el proceso, es que solo el 50 por ciento de municipios cuenta con jueces cívicos, razón por la cual no se puede poner a disposición a las personas que infringen el decreto de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Abundó que con ello se busca que no haya un consumo inadecuado, que los establecimientos que expenden y venden estén fuera de las normas, pero que la sociedad pueda entender que es un detonador de violencia.
“En que está fallando la aplicación de este decreto en que no tenemos los jueces cívicos en los municipios, solamente tenemos un 50 por ciento de jueces cívicos en todo el territorio, entonces la policía puede llegar, actuar ya saben que el mismo decreto contempla que no haya consumo en la vía pública o fuera de los establecimiento y está sujeto a una sanción administrativa que es un monto de mil 600 pesos por el consumo de alcohol en la vía pública”.
Dijo que la policía municipal como primer respondiente actúa y pone a disposición de la autoridad a la persona infractora, pero si no existe el juez cívico que se encargue de iniciar el procedimiento de calificación de la infracción correspondiente, no podrá haber alguna sanción como lo establece el reglamento.
Recalcó que está establecido en la Ley Municipal la creación de los Jueces Cívicos para la aplicación correcta de las normas, por lo que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se les informó a los alcaldes de la importancia de contar con esta figura.
Para concluir aseguró que debe ser un trabajo coordinado, por lo que pidió a la autoridad municipal la disponibilidad para que conjuntamente se puedan realizar las revisiones pertinentes en establecimientos para verificar la operatividad y aquellos que no cumplan con la normatividad de protección civil, sanidad y seguridad deberán ser clausurados.