- Al participar en las mesas de trabajo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, considera que de no hacerlo podría haber mayor pobreza rural y migración.
La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera alertó que una de las consecuencias de no invertir en la propiedad social de la tierra y en el sector rural del país, es que la pobreza rural puede acentuarse en niveles tales que ocasione mayores flujos de migración hacia los centros urbanos e industriales, creando cinturones de pobreza en las periferias, y acrecentando la presión por el uso del suelo urbano y la demanda de servicios.
Al participar como ponente en la mesa “Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana”, dentro de los trabajos convocados por el gobierno federal para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Senadora tlaxcalteca observó que la pobreza rural también puede contribuir a la práctica de actividades ilícitas por parte de la población, como una alternativa a la falta de oportunidades de empleo en actividades lícitas, con lo que se acentuarían los niveles de inseguridad tanto en las áreas rurales como urbanas.
La legisladora federal subrayó que el panorama actual del sector rural en México exige una nueva generación de políticas para el sector rural, considerando al ejido como eje central.
Lo anterior, sobre todo, en un contexto caracterizado por las crecientes tensiones geopolíticas mundiales como la guerra Rusia-Ucrania y el enfrentamiento comercial Estados Unidos-China, el cambio climático con sus eventos extremos cada vez más frecuentes, las nuevas tendencias en el consumo de alimentos, bienes y servicios y los acelerados avances tecnológicos como la biotecnología y la inteligencia artificial.
“La alta heterogeneidad de condiciones ambientales y sociales del país requiere del planteamiento de políticas públicas diferenciadas. A problemas y condiciones específicas se requieren políticas públicas específicas y que consideren la cultura y objetivos de los sujetos de apoyo. Es necesario el reordenamiento productivo del país, con base en las aptitudes ambientales y sociales, combinadas con aspectos socioeconómicos de la población; se requieren políticas públicas para el rescate de especies autóctonas de importancia alimentaria y cultural, además de alto potencial para el desarrollo de nuevos productos como maíces nativos, amaranto, frijol”, afirmó.
Rivera Rivera reconoció que los avances en el combate a la inseguridad alimentaria logrados a 2022 en México presentaron un severo retroceso debido al COVID, además de que la alta volatilidad de precios de productos agropecuarios restringe su acceso para la población con más bajos ingresos. No sólo eso, sino que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) y de la probable aplicación de medidas proteccionistas por porte de los Estados Unidos para los productos agropecuarios, la presión inflacionaria en los alimentos pondrá una fuerte presión en la seguridad alimentaria del país.
En ese sentido, consideró que las políticas públicas para hacer frente a tales escenarios deben abordar no solo la producción y comercialización de alimentos, sino también la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática y la equidad social. Además, agregó, deben considerarse las interrelaciones que se presentan entre las áreas rurales con las urbanas e industriales, que favorezcan la diversificación de actividades económicas para la población rural, sin el abandono de la producción agroalimentario o forestal.
“El sector rural y su eje central de propiedad social de la tierra no deben considerarse como sectores atrasados que deben desaparecer, tal y como se postulaba en la teoría económica neoliberal. Más bien son la solución a múltiples problemas que actualmente aquejan al país. De no tomar acciones en favor de los núcleos agrarios, que son los ejidos y las comunidades, el futuro de la población rural y en general para el país, podría ser sombrío, por lo cual el campo no es el problema, sino la solución”, insistió.