- Los recursos públicos ejercidos se ajustaron a los lineamientos de responsabilidad, eficacia y eficiencia.
Luego de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, admitiera la demanda de amparo presentada por los ciudadanos Raciel Santacruz Meneses, Francisco Cano Jiménez, Maurilio Palacios Montales y otros, la autoridad judicial federal determinó confirmar la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, del municipio de Panotla, Tlaxcala.
El hecho se corrobora, con la sentencia dictada dentro del expediente de amparo número 924/2019-III-B, en la cual se observa en su primer punto resolutivo que, el juzgador federal determinó sobreseer el juicio de amparo en virtud de que los quejosos Raciel Santacruz Meneses, Francisco Cano Jiménez y Maurilio Palacios Montales, no acreditaron el interés legítimo para promover el juicio de amparo en comento.
Lo anterior demuestra que, el actuar de los diputados locales al dictaminar en sentido aprobatorio la cuenta pública del municipio de Panotla, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se apegó a la normatividad en materia de fiscalización, dando certidumbre y certeza jurídica a los ciudadanos de la demarcación municipal, ya que los recursos públicos ejercidos se ajustaron a los lineamientos de responsabilidad, eficacia y eficiencia.
Como resultado de la sentencia dictada con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, por parte del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, queda firme la aprobación de la cuenta pública del municipio de Panotla, Tlaxcala, respecto del ejercicio fiscal 2018 y por consiguiente queda demostrado la legalidad con la que actuaron los diputados locales de la LXIII legislatura.
Cabe mencionar que, uno de los quejosos que intervino en la presentación del juicio de amparo, fue el ex presidente municipal de Panotla Maurilio Palacios Montales, quien fue detenido en el mes de diciembre del 2019, por alterar el orden público y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Dicho personaje ha intentado desestabilizar a las administraciones municipales desde el año 2004, cuando fue destituido del cargo por la LVII Legislatura por incurrir en faltas graves como desvío de recursos públicos y por desacatar una orden legislativa.