Derivado de la solicitud de Juicio Político que presentó el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT), en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, se demanda al Congreso Local, a sus 25 diputadas y diputados absoluta imparcialidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, este organismo pugna porque las y los diputados, se apeguen a lo que establece la Ley, pues a todas luces la actuación de Jiménez Martínez, atenta contra el Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión, el Ejercicio Periodístico, y por ende a los Derechos Humanos.
Como se recordará los periodistas Edgardo Cabrera y José Luis Ahuatzin del diario digital Gente Tlx junto con este Consejo canalizamos -este lunes- ante el Poder Legislativo, tal petición en la que se demanda que sus integrantes no tuerzan el espíritu del Estado de Derecho.
Consideramos que Jiménez Martínez, ha causado un perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública jurisdiccional, derivado de sus actos u omisiones.
A las acciones anteriores ya emprendidas, no dudaremos en recurrir al ámbito federal, para hacer valer la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, solicitando la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal.
Además, este Consejo concede un voto de confianza al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y presidente del Consejo de la Judicatura, Fernando Bernal Salazar, para que dicho poder actúe sin favoritismo para uno de sus integrantes, en este caso el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.
Derivado de lo anterior, el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT), demanda que el diputado local del PAN, Omar Milton López Avendaño, se excuse y que el Juez Lázaro Castillo García, sea cambiado de jurisdicción ambos por mostrar favoritismo hacia el citado magistrado.
Finalmente, dejamos claro que esta organización mantiene activos sus protocolos para el acompañamiento de nuestros colegas comunicadores, por medio de su Comisión de Protección a Periodistas, esperando que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), les otorgue medidas cautelares.