La posible aprobación de la reforma al Poder Judicial tiene al sector empresarial bajo un ambiente de incertidumbre y preocupación, por el riesgo de fuga de capitales y pérdida de empleos, alertó el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández.
Entrevistado tras la firma de convenio de sindicatos con los Centros Vacacionales de “La Trinidad” y la “Malintzi” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró que de aprobarse podría derivar que se litigue ante tribunales poco profesionales, sin experiencia y que puedan ser empíricos.
Cuestionado sobre los riesgos al sector industrial y laboral, asentó que “es muy probable que haya fuga de capitales y no lo decimos nosotros, lo dice la gente que hace el análisis de la reforma. Nosotros escuchamos de empresarios y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Fundación Friedrich Ebert, que están manifestando esa preocupación de que el sistema de justicia, concreto en lo laboral, que era muy malo y todo mundo se quejaba porque era una justicia laboral del Ejecutivo con las juntas locales y había un sesgo, ahora que se tienen juzgados laborales en lo federal y local con autonomía e independencia, todo eso se caiga y se vaya al caño”.
Abundó que esta cerca la renegociación del T–MEC y si México no ofrece de certeza los socios comerciales, entonces los empresarios de Estados Unidos y Canadá “no se van a arriesgar a venir por la incertidumbre que lamentablemente nos puede hacer mucho daño”.
López Hernández afirmó que tanto empresarios como los sindicatos de trabajadores coinciden en que sí debe haber una reforma, pero no tal cual fue mandada, sino con algunas adecuaciones. “Para nosotros lo peligroso es elegir abiertamente a los impartidores de justicia, sentimos que necesariamente debe respetar la carrera judicial, la formación y la superación
Dijo que en el caso de la justicia laboral, la reforma es una situación que preocupa a la CTM porque ya había especialización en los tribunales en esta materia y ahora resulta que “nos manden a que pueda ser cualquiera el que atienda los asuntos y se va acabar con esa justicia pronta, expedita y de conciliación, ahí hay un grave riesgo”.