Desde el Centro Fray Julián Garcés reconocemos la relevancia de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida, emitida por la Secretaría de Gobernación, y suscrita por la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para los 60 municipios que conforman la entidad y el estado de Tlaxcala, quedando atentas a la precisión que haga el gobierno en torno a las acciones que se desprendan de la Alerta en relación con la problemática de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Nos parece importante que el Grupo de Trabajo encargado del Estudio y Análisis de la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en el estado de Tlaxcala, haya tomado en cuenta la trata de mujeres como uno de los delitos más graves en la entidad que afecta claramente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que, consecuentemente, se hayan definido ciertas medidas que contemplan la actuación de los gobiernos estatal y municipales al respecto, a pesar de que esta problemática no fue señalada en la solicitud de la Alerta de acuerdo con el propio informe.
Desde el Centro Fray Julián Garcés, a petición de una representante del grupo de trabajo, enviamos información en torno a esta grave problemática en junio de 2020. Llama la atención, sin embargo, que no se explicite claramente la simulación y omisión del Estado respecto a la implementación del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos (2018-2021), el cual tuvo como base aportaciones de académicos y sociedad civil, y que, a la fecha sigue sin ser ejecutado a cabalidad.
La emisión de tal Programa se relaciona con la primera solicitud de Alerta de Género (2016) que fue rechazada en 2017 por la Secretaría de Gobernación, momento en que dicha institución determinó ciertas recomendaciones en torno a la trata, las cuales no fueron cumplidas totalmente. Aunado a ello, el Programa también es una obligación establecida en la actual Ley estatal en materia de trata de personas (Art. 41, 44-47 y Transitorio cuarto)[2].
Puntos asentados en la versión final del Programa Estatal referido, fueron planteados en la Agenda Ciudadana que presentamos el pasado mes de mayo y a cuyo cumplimiento se comprometió la actual gobernadora electa, Lorena Cuéllar, por lo que tomando en cuenta que las medidas asentadas en el Resolutivo sobre la Alerta de Género respecto al tema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, no contempla todas las propuestas avanzadas anteriormente, confiamos en que, de acuerdo con su palabra, y sus obligaciones, la gobernadora electa afine las acciones a realizarse, retomando los compromisos ya asumidos, y la opinión de organizaciones y académicos/as que hemos estado involucrados desde hace casi dos décadas en la lucha contra esta grave violación a derechos humanos, habiendo, incluso, impulsado en su momento, el reconocimiento del delito de trata en el Código Penal en el año 2007.
Así, si bien en la reciente resolución de Alerta de Violencia de Género, la trata de mujeres se contempla dentro de las medidas de justicia, reparación y seguridad que debe asumir el estado, están ausentes medidas de prevención en torno a la trata, y específicamente el alcance que podrían tener las acciones preventivas desde el Sistema Educativo lo cual hemos señalado reiteradamente.
La Alerta de Género emitida el 18 de agosto, hace presente que la violencia feminicida persiste en Tlaxcala; que la trata de mujeres y niñas, la desaparición de mujeres, los feminicidios y la violencia en general sigue siendo una constante que no ha sido atendida de manera contundente.
La gobernadora electa, las presidencias municipales que entrarán en funciones y los legisladores/as, tienen una responsabilidad al asumir esta resolución, lo mismo que el poder judicial. Y, tanto la actuación de estas instancias como el manejo de recursos que sean asignados, deberán ser transparentados y estar encaminados a la transformación de las violencias señaladas en la Declaratoria, utilizarlos simplemente en la realización de acciones sin tener impactos más profundos sería una nueva simulación de Estado.
Frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual estaremos atentas a las acciones definidas, contemplando que la Agenda Ciudadana en torno a este tema habrá de ser tomada en cuenta tal como lo externó la gobernadora electa.