- Durante Coloquio «Panorama Electoral en México y Escenarios de 2024» organizado por el CIISDER-UAT
La ex consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones(ITE ), Dora Rodríguez Soriano criticó la falta de interés de partidos por cumplir con las acciones afirmativas y nula insistencia del órgano electoral para exigir su aplicación.
Durante su participación en el Coloquio «Panorama Electoral en México y Escenarios de 2024», organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarios para el Desarrollo Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), remarcó que en el actual proceso electoral será un verdadero reto para los partidos cumplir con esta acción que permite incluir dentro de las candidaturas a personas indígenas, jóvenes, migrantes, de la comunidad lésbico gay y con alguna discapacidad.
Al dictar la conferencia «Retos en materia de participación política de las mujeres en el procesos electoral concurrente», la académica puntualizó que entre los retos a cumplir por parte de los partidos políticos están cumplir con las acciones afirmativas, pues los institutos en el estado no cumplen con esta determinación, pero tampoco el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha hecho cumplir las determinaciones.
En este sentido detalló que en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género hay diferentes obstáculos que enfrentan entre ellas el cuidado que tienen los tribunales por no sancionar a algún personaje, pues de hacerlo sería inhabilitado y no podría participar en un proceso electoral.
Bajo este tenor detalló que del 4 de noviembre del 2016 al 30 de abril 2023 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contabilizó dos mil 310 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género y únicamente emitió mil 881 sentencias por lo que se puede suponer que se desecharon o sobreseyeron, pues en muchos casos las mujeres no tiene los medios para impugnar; así, detalló que en el registro de personas sancionadas por violencia de género suman 338, de las cuales el 72 por ciento se ubican en el ámbito municipal.
Abundó que del total de los casos solo mil 800 son sentenciados y de ellos únicamente 308 son sancionados, pues lo tribunales cuidan a los actores políticos, pues si son sancionados no podrían participar en procesos electorales, sentenció la investigadora.