Este día a las 10:30 de la mañana comparecerá el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, ante el Congreso del Estado debido a la “gravedad de sus actos y omisiones” en el ejercicio de sus funciones al interior ese Poder.
En una sesión extraordinaria llevada a cabo este jueves , con 16 votos de los legisladores locales fue aprobado el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que este viernes se lleve a cabo la comparecencia de Bernal Salazar y explique entre otras cosas el incremento en la plantilla de personal, la aceptación de un integrante en el Consejo de la Judicatura sin contar con los requisitos para ocupar el puesto; la imposición de jueces a través de actos de corrupción y el otorgamiento de amparos en contra de actos del Congreso.
De acuerdo a los argumentos presentados por la Junta se señala que “el nueve de junio de dos mil veintiuno, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Congreso del Estado de Tlaxcala, fueron notificadas del acuerdo de fecha siete de junio del año en curso, dictado en el expediente número 07/2021, mediante el cual, de junio del año en curso, dictado en el expediente número 07/2021, mediante el cual, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuevamente admitió a trámite la demanda de Juicio de Protección Constitucional promovida por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, a fin de que se le mantuviera ilegalmente en el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sin embargo, los medios de protección constitucional locales, y específicamente el juicio de protección constitucional, únicamente puede invocarse por parte de una ciudadana o ciudadano, es decir, un particular, que estime que algún acto de autoridad, resulte violatorio de sus derechos humanos. En este sentido, es evidente que los actos que impugnó el citado actor, no pueden entrar en dicha categoría, pues el actor pretendió indebidamente, se prolongue un nombramiento como autoridad, procedimiento lo que está a cargo de esta Soberanía , al ser una facultad expresamente prevista en el artículo de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.”
Dicha acción, considerada como delito en la legislación penal, señala el acuerdo, provocó que se entorpecieran los procedimientos y por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del Estado, generado a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del Estado”.
El tercer punto señala que la designación del Licenciado Leonel Ramírez Zamora como Consejero de la Judicatura, por parte del Titular del Ejecutivo del Estado aún sin contar con todos los requisitos previstos en la ley, pues no contaba con cédula profesional con una antigüedad de diez años para formar parte del Cuerpo colegiado.
En el cuarto punto se señala que con el aumento de recursos en la partida presupuestal de servicios personales aprobados por el Poder Legislativo se observó un “incremento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, contratando a más de ciento veinte personas, algunas de ellas en plazas de nueva creación.”, por ello señala que contraviene lo dispuesto por los artículos 1 y 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
A esto se suma otro señalamiento el cual destaca que el Consejo de la Judicatura, presidida por Bernal Salazar, “realizó la designación del LIC. Alejandro Pereda Vega como juez “temporal en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Morelos (Taxco), en contravención a la carrera judicial sin respetar las plazas que se concursaron y ganaron de manera legal por parte de juezas que se encuentran en espera de ser adscritas, dicha persona funge con tal nombramiento “hecho a modo”, sin ningún fundamento que lo avale en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado” por ello los legisladores estimaron que “es posiblemente un acto de corrupción por el nombramiento o contratación indebida y abuso de funciones públicas”.
Ante esta situación este viernes deberá acudir al Congreso del Estado para comparecer ante los legisladores a fin de que explique la situación que priva al interior del TSJE.