El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, Ángelo Gutiérrez Hernández, hizo un enérgico llamado a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para que establezcan de manera urgente políticas públicas y acciones concretas que garanticen la seguridad y protección de los migrantes tlaxcaltecas y mexicanos que residen en los Estados Unidos, ante el renovado discurso de odio y la persecución con embates que ahora sufren por parte de la administración de Donald Trump.
Gutiérrez Hernández expresó su preocupación por el creciente clima de hostilidad hacia la comunidad migrante, alimentado por la retórica del expresidente Trump, quien ha retomado fuerza en el escenario político norteamericano con discursos que criminalizan a los mexicanos y buscan reinstaurar políticas migratorias represivas.
“No podemos permitir que nuestros paisanos sean nuevamente objeto de persecución, miedo y violencia institucional. Desde Tlaxcala alzamos la voz y exigimos que se actúe con firmeza y solidaridad. La defensa de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de nuestros migrantes deben ser prioridad para el gobierno mexicano”, subrayó el líder panista.
Asimismo, urgió a que el Gobierno Federal refuerce los mecanismos de asistencia consular, asesoría legal y acompañamiento humanitario, especialmente en estados como Texas, Florida y California, donde radica un número importante de tlaxcaltecas. También pidió al Gobierno del Estado diseñar e implementar un plan estatal de apoyo a las familias migrantes, así como establecer contacto permanente con los clubes de migrantes tlaxcaltecas en la Unión Americana.
“Desde Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, la justicia y la solidaridad. Proteger a nuestros migrantes no es un favor, es una obligación moral y constitucional. No podemos ser omisos ante los embates de un proyecto xenófobo que ya ha hecho demasiado daño”, remarcó.
Finalmente, Gutiérrez Hernández convocó a la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, instituciones académicas y al Congreso del estado a sumar esfuerzos para generar una agenda integral de protección a la comunidad migrante, que vaya más allá de discursos y se traduzca en medidas concretas y eficaces.