El 65.73 por ciento de los internos en los Centros de Reinserción Social (Cereso) en Tlaxcala hasta el mes de mayo han enfermado de Covid-19, según datos del investigador Sergio Gilberto Capito Mata y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pese a que hasta el mes de abril el organismo autónomo reportó que solo había 34 contagiados en los centros de internamiento en el estado, el investigador el pasado mes de mayo dio a conocer en la conferencia La reinserción social en tiempos de Covid-19, que con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se tienen detectados 585 casos de Covid en los Ceresos de Tlaxcala, mientras que en Baja California suman 225, donde hay 12 mil 500 internos en cinco centros de internamiento.
La cifra se revela luego de que la CNDH dio a conocer el número de internos que se tienen en los tres Ceresos de la entidad los cuales suman 890, de ahí que el nivel de contagio en los centros de internamiento es considerable, contrastando las cifras de Capito Mata y de la CNDH.
En el Congreso del Estado el pasado 28 de mayo el investigador señaló que el derecho a la salud está contemplado en la Ley nacional de reclusión penal, en el artículo 12 del pacto internacional de Derechos económicos sociales y culturales; en el artículo 10 del protocolo de San Salvador y en otros instrumentos internacionales donde se reconoce el bienestar físico, social, mental y la salud.
Las personas privadas de su libertad, dijo, tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de ser atendidos en su salud porque su castigo no es no contar con salud.
Sin embargo detalló que no hay sana distancia y están sobrepoblados, así dio ejemplos de algunos estados, tal es el caso de Baja California donde tienen capacidad para dos mil 500 internos y hay cuatro mil, en CDMX existen 17 mil, 17 mil en Baja California donde hay más internos vacunado, pero cuestionó dónde está la sana distancia.
Acusó que hay opacidad porque no dan datos sobre la vacunación y a través de peticiones de información; dijo que el Órgano intersecretarial desde 2017 ha sesionado una sola vez y es el encargado de instrumentar los programas de reinserción social.
Capito Mata detalló que la ley contempla el derecho a la salud los artículos del 74 al 80 y menciona los lineamientos básicos para garantizar el derecho a la salud en los centros de reinserción social, y surge la duda de vacunarlos o no vacunarlos contra Covid.
Con este panorama consideró que hay riesgo sanitario en las prisiones del país donde hay más de 215 mil internos que deben ser vacunados “porque es un riesgo latente”, y es que hasta el mes de mayo estaban prohibidas las visitas y esto violenta sus derechos humanos porque ni siquiera tienen comunicación son sus familias; así reflexionó que las visitas entran y salen, del lugar, mientras que los custodios también lo hacen y esto es un riesgo para la comunidad.
Cabe señalar que hasta hace dos semanas se habían vacunado en la entidad 300 internos en los Ceresos, según reporte de la CNDH.