Emiten orden de aprehensión contra Gwendolline Amaro, pero logra amparo provisional.

  • La funcionaria depositó fianza el pasado viernes ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

La secretaria general de la delegación D-III-1 de la USET de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que mantuvo por 30 días el cierre de la Secretaria de Educación Pública en el Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Gwendoline Amaro Ramírez evitó orden de aprehensión en su contra que había sido girada el pasado viernes en su contra.

Conforme al expediente 603/2019-II-A , radicado ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Tlaxcala y al cual tuvo acceso escenainformativa.com, la funcionaria deposito una fianza de seis mil pesos y pidió “amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez primero de control y de juicio oral del Distrito Judicial de Guridi y AlcoceR…”

De esta manera el Juzgado Primero le concedió de forma temporal un amparo y con ello evito ser detenida por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Lo anterior en tanto la autoridad que la acusa rinda un informe fundado y motivado sobre las causas de su detección o el acta reclamado.

Mencionar que la orden de aprehensión en contra de Gwendolín Amaro Ramírez, se emitió dos días después de que, en un operativo, la madrugada del pasado miércoles tres de julio, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recuperaron las instalaciones de la SEPE-USET, dejando como saldo cinco personas detenidas.

El inmueble había sido controlado por seguidores de Amaro Ramírez, desde el pesado tres de junio en demanda de tener negociación directa con el Secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, además de la destitución de la Directora de Relaciones Laborales, Claudia Xoxhihua.

Ese día la lideresa en entrevista, acusó actos de represión, amenazas y agresiones durante el desalojo, además de que presentaría queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH)

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