En el Día Mundial contra la trata de personas, desde el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., insistimos en la exigencia de la actuación inmediata del gobierno del estado ante la grave situación que se vive en Tlaxcala en torno a la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual.
Los aparentes avances en los últimos años se han develado en simulación, que se evidencia en la falta de ejecución del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos, así como en la impunidad y falta de acceso a la justicia en cuanto a la sanción a responsables. Sobre esto último es relevante señalar que en el periodo del gobierno encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, se abrieron 49 carpetas de investigación, de acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero de acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, sólo se logró una sentencia condenatoria firme en torno a la trata, es decir, un solo hombre con sentencia condenatoria firme en todo el periodo de gobierno.
La trata de mujeres rasga sus vidas y a las comunidades. Los avances legislativos y de política pública no se reflejan en la disminución del problema, incluso, por el contrario, en el contexto de pandemia en que nos encontramos, las redes de tratantes se han adaptado a nuevas formas de enganche y explotación, mientras que los consumidores siguen manteniendo este sistema que violenta gravemente la vida de las mujeres. Así, el COVID-19 ha incrementado el riesgo en que se encuentran las niñas de ser explotadas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su último informe sobre el tema, e incluso, en el informe 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se menciona que “con el cierre de bares y clubes nocturnos debido a la COVID-19, los informes del gobierno, las ONG y los medios de comunicación señalaron que había tratantes en Tlaxcala que estaban usando casas de particulares para la trata sexual de mujeres”. Así, la problemática se ha complejizado más.
Es prioritario que el gobierno en turno, y el que está por entrar en funciones, asuma las responsabilidades que le establecen los diferentes pactos que ha firmado México a nivel internacional, y las leyes en sus diferentes niveles donde se mandata la prevención de este problema, la protección y atención de sus víctimas y la sanción de los victimarios, incluyendo a quienes generan los ´mercados´. Ello implica, por supuesto, que el gobierno limpie sus instituciones de personas que estén vinculadas directamente a la trata de personas; de poco servirá capacitar de manera permanente si en el fondo mantienen vínculos con el proceso de trata y explotación.
Consideramos imperativo que el gobierno de Tlaxcala retome tanto el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que fue generado con aportes de sociedad civil y academia, pero no ejecutado por el Estado, así como la Agenda Ciudadana que presentamos desde las organizaciones que impulsamos la Iniciativa Popular contra la trata de niñas y mujeres, donde se colocan los puntos fundamentales para enfrentar esta grave violación a derechos humanos.
El Día Mundial contra la Trata de Personas hace presente el desgarramiento de las comunidades y mujeres afectadas, y a su vez evidencia el deficiente gobierno que ha estado a cargo de resolver el problema.