Pobladores de diferentes comunidades y municipios de las faldas de la Malinche exigieron al gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, actuar a fin de parar la devastación de la montaña, ya que no hay resultados de las acciones que se llevan a cabo para exterminar al gusano descortezador en la zona boscosa, ni enfrentar la tala clandestina.
Los inconformes, que se manifestaron frete a Palacio de Gobierno, señalaron que hasta el momento más de cinco mil hectáreas se encuentra afectadas por la plaga, sin embargo, los trabajos del gobierno del estado no han dado resultados, por ello exigieron respeto a su trabajo dentro de las poblaciones quienes están preocupadas por el cuidado de la montaña.
Reclamaron que la falta de coordinación entre las dependencias federales y estatales pues ha provocado el descuido de la zona boscosa a pesar de que en época de pandemia los caminos han sido cerrados y en las partes altas se continúa con la tala clandestina.
Llamaron a proteger y restaurar a la Matlalcuéyetl y reconocieron la defensa de las comunidades originarias, así como el compromiso para proteger a la montaña, promoverán sus usos y costumbres donde se elaborarán reglamento internos para impulsar el sentido de comunidad, educación ambiental y respeto a los bienes naturales, así como defender su territorio ya que todos tienen beneficios ambientales, de ahí que advirtieron “basta, basta de la invisibilidad a nuestras comunidades” y su libre autodeterminación.
Entre gritos “La Malinche no se vende, la Malinche se defiende”, los pobladores acusaron que han encontrado burocratización en la realización de trámites lo que agrava la situación de la montaña.
Detallaron que el comando de incidentes no está incluyendo a los pobladores de las comunidades ya que trabajan desde la estructura y desde arriba sin tomar en cuenta a los comités de vigilancia forestal que se instalaron en las poblaciones a través de asambleas comunitarias; de ahí acusaron que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Coordinación General de Ecología (CGE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sido omisos de la situación.