Acusa contratación excesiva de personal y compra de implementos para contingencia a sobreprecio
Tras la destitución de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Fernando Bernal Salazar, el nuevo presidente del Poder Judicial Héctor Maldonado Bonilla, dio a conocer los excesos en los que incurrieron sus antecesores y los motivos por los que fueron destituidos del puesto.
En rueda de prensa el también depuesto presidente en mayo de 2019 detalló las anomalías de los ex presidentes Mario de Jesús Jiménez Martínez y Fernando Bernal Salazar que consisten principalmente en la contratación de personal y la adquisición de diversos materiales con sobreprecio al interior del Poder Judicial.
Durante su explicación Maldonado Bonilla, también ex titular del despacho jurídico en el sexenio de Mariano González Zarur, detalló que del 2018 hasta los primero seis meses de este año la plantilla del personal ha crecido en un 18.7 por ciento, ya que en 2018 se tenía a 625 trabajadores y actualmente están contratadas 742 lo cual ha ocasionado un déficit de 10.2 millones de pesos.
Respecto al trabajo de Bernal Salazar, Maldonado Bonilla, indicó que con motivo de la pandemia de COVID-19 adquirió a sobreprecio “por encima de los costos del mercado” los implementos para enfrentar la contigencia en este Poder.
Debido a esta situación, indicó el actual presidente se llevarán a cabo auditorías para determinar cuál es la situación en la adquisición termómetros infrarrojos, acrílicos, cubrebocas, mascarillas y otros, para que en caso de que haya responsabilidad se inicien los procedimientos administrativos en contra de funcionarios de este Poder.
En el encuentro con medios de comunicación el presidente aclaró que su remoción del cargo en el 2019 no se debió a anomalías en su administración, sino a acusaciones que quedaron en lo mediático, de ahí que legitimó su llegada nuevamente a la titularidad del TSJE.
Finalmente indicó que este poder no emitirá juicios de protección constitucional como lo hizo en su momento Bernal Salazar, para proteger al ex ombudsperson Víctor Cid del Prado Pineda, en contra de un procedimiento legislativo el cual removía al ex protector de los derechos humanos.