En el marco del 80 aniversario de la declaración del estado de guerra de
México, el 28 de mayo de 1942, ante los países del Eje, la Secretaría de
Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México (Inehrm), recuerda la histórica decisión del
Congreso de la Unión con el foro virtual “La Segunda Guerra Mundial y
México, 80 años”.
Este encuentro académico forma parte del programa Contigo en la
distancia y será transmitido por esa plataforma
(www.contigoenladistancia.cultura.gob.mx) y las redes institucionales del
Inehrm en Facebook (/inehrm.fanpage), en Twitter (@inehrm) y en
YouTube (Canal INEHRM), el martes 31 de mayo a las 17:00 horas, hora del
centro de México.
Esta actividad contará con la participación de la historiadora e
historiógrafa Elmy Grisel Lemus Soriano, de la Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco; la historiadora y gerontóloga Tamara
Gleason Friedberg, de la University College de Londres, y los historiadores
César Valdez Chávez, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y Veremundo Carrillo Reveles,
investigador del Inehrm.
La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial en mayo de
1942, tras el hundimiento por submarinos alemanes de los barcos Potrero
del Llano y Faja de Oro, elevó la preocupación del gobierno de Manuel
Ávila Camacho no solo por posibles agresiones externas, sino también
por la seguridad interior.
El presidente Ávila Camacho solicitó al Congreso de la Unión la
declaración de estado de guerra, no solo por el hundimiento de las
embarcaciones mexicanas, sino también por la clara actitud antifascista
de nuestro país y las protestas realizadas ante los abusos, invasiones y
agresiones llevadas a cabo por los países del Eje.
La Cámara de Diputados, el 28 de mayo de 1942, aprobó por
unanimidad el decreto presidencial mediante el cual se estableció que
desde el 22 de mayo de ese año, México se encontraban en estado de
guerra, lo que terminaba con la neutralidad que había mantenido
durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Tras el ingreso de México a la conflagración internacional entró en
vigor el reclutamiento a través de la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Al
considerar el número importante mexicanos migrantes en Estados
Unidos y en concordancia con los acuerdos de defensa hemisférica, el
Congreso de la Unión autorizó que los mexicanos residentes en el
extranjero pudieran prestar servicio militar en las repúblicas americanas
para combatir a las potencias del Eje: Alemania, Japón e Italia.
Así, oficialmente 15 mil ciudadanos mexicanos se incorporaron al
ejército estadunidense y fueron enviados a combate, aunque se cree que
la cifra podría ser mucho mayor.
Para el gobierno de Ávila Camacho era importante garantizar los
derechos y la nacionalidad mexicana de los mexicanos enviados a la
guerra, en un contexto de discriminación de los migrantes residentes en
Estados Unidos.
Durante el conflicto, México tuvo una importante participación
como proveedor de materias primas y alimentos que contribuyeron a
mantener a flote la economía de Estados Unidos y de los países Aliados.
Asimismo, 320 mil mexicanos formaron parte del programa
Bracero, firmado entre México y su vecino del norte, para sustituir a los
trabajadores agrícolas e industriales que partieron al frente. Aparte, se
calcula que, al margen del convenio formal, una cifra similar de
trabajadores migrantes cruzó la frontera para sumarse a estas
actividades económicas.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de
suspensión de las garantías individuales, en el contexto del estado de
excepción provocado por la entrada del país a la Segunda Guerra
Mundial, así, los artículos de la Constitución Política que garantizaban la
libre manifestación de las ideas, el trabajo libre y la libertad de prensa,
fueron suspendidos, para garantizar la seguridad interior del país.
Previamente, pero también en el contexto del conflicto mundial, se
había incorporado al Código Penal el delito de “disolución social”, que
sancionaba a mexicanos y extranjeros que difundieran “ideas, programas
o normas de acción, de cualquier gobierno extranjero, que afecten el
reposo público o la soberanía del Estado Mexicano”. Esta norma no
despareció tras la conclusión de la guerra y fue empleada para “justificar”
la represión en contra de diversos movimientos sociales, entre ellos los
estudiantiles.
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