En el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, desde el Centro Fray Julián Garcés externamos nuestra preocupación ante la prevalencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala y la falta de capacidad del gobierno estatal y municipales para atenderla.
La conmemoración, planteada por la Organización de las Naciones Unidas, es una fecha para que, entre otras cosas, se reafirme la responsabilidad de los gobiernos para realizar acciones sobre la situación de las víctimas, para proteger y promover sus derechos.
Particularmente en Tlaxcala desde hace siete décadas operan redes de tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El problema se sostiene por una cultura patriarcal y capitalista que mercantiliza el cuerpo de las mujeres y las niñas, pero fundamentalmente se sostiene por gobiernos proxenetas que permiten la impunidad al no aplicar las leyes existentes, cuando no implementan las políticas públicas, quienes en lugar de reconocer la problemática buscan minimizarla, negarla o distraer la atención privilegiando el cuidado de la imagen del estado de Tlaxcala.
El gobierno de Tlaxcala ha evidenciado una incapacidad para prevenir la trata, proteger y atender a sus víctimas y sancionar a las redes de tratantes. Asimismo, ha permitido la prevalencia de este delito, manteniendo sus impactos locales, nacionales e internacionales. Muestra de ello es la confirmación -vía solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado-, de la existencia de 258 denuncias por hechos que constituyen el delito de trata entre enero de 2011 y diciembre de 2021, periodo en el que se emitieron sólo 15 sentencias condenatorias firmes mediante las cuales se sancionó a 19 tratantes. Lo anterior refleja la clara impunidad que vivimos en la entidad puesto que sólo el 7% de las denuncias de este periodo concluyeron en sentencia.
Aunado a lo anterior, el mecanismo de atención, canalización y protección a las víctimas de la misma Procuraduría, ha resultado ineficiente. En 2021, esta dependencia reportó la existencia de 48 víctimas de explotación sexual (37 mayores de edad y 11 menores de edad), del total de víctimas solo 3 fueron canalizadas a un refugio. Así, el 94% de víctimas no fue protegida ni sujeta de atención, lo que es fundamental en el acceso integral a la justicia.
Así, la trata de mujeres sigue siendo sumamente grave. En el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes realizado los días 6, 7 y 8 de julio del presente año en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, numerosas exposiciones refirieron a Tlaxcala como uno de los lugares donde es preocupante la situación de la trata. Por ello el Comité del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas en la Jornada de reflexión sobre trata de mujeres y niñas que se llevó a cabo el 9 de julio en Tlaxcala señaló que “las redes de tratantes tlaxcaltecas siguen operando estatal, nacional e internacionalmente, y sigue habiendo una falta de acceso a la justicia a las víctimas”.
Asimismo, diversos medios de comunicación han referido la realización de juicios por trata con fines de explotación sexual a personas de origen tlaxcalteca “en al menos 13 estados de la Unión Americana”, lo que significa que las redes de tratantes de Tlaxcala han operado en al menos el 26% de los estados de Estados Unidos. La preocupación internacional sobre la trata en Tlaxcala es explicita, como se menciona en el reciente Informe Sobre la Trata de Personas (Traffiking In Persons Report July 2022) del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se identifica a Tlaxcala como un estado con “alta prevalencia de trata” en donde “la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, inhibiendo la acción de aplicación de la ley durante el año”.
Ante toda esta terrible realidad, desde sociedad civil y academia de Tlaxcala consideramos que la continuidad del problema tiene qué ver con la ausencia de una política pública integral, que articule la prevención de la trata, así como la protección y atención a víctimas, y la sanción a los tratantes, por lo que hemos puesto a disposición del gobierno estatal una propuesta de Programa Estatal contra la Trata de Personas que realmente responda a las especificidades de la realidad local, producto de una profunda reflexión en la problemática. Sin embargo, es fecha que este Programa continúa sin ser presentado ni aprobado por el Consejo Estatal que preside el Secretario de Gobierno, incumpliendo con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala.
Por todo lo anterior, exigimos:
- Que el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, deje de minimizar o negar la existencia de la problemática. Ello implica dejar de anteponer la imagen del Estado ante la garantía del derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia y explotación sexual.
- Que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, integre en el Programa Estatal contra la Trata de Personas los aportes que hemos hecho desde sociedad civil y academia, pues como señaló en su pronunciamiento el Comité del Observatorio Latinoamericano y Caribeño sobre trata y tráfico de personas, “es una propuesta basada en evidencia desde la experiencia acumulada y responden a la realidad concreta del estado de Tlaxcala”.
- Que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas en la sesión del 25 de agosto discuta y apruebe la Propuesta del Programa Estatal contra la Trata de Personas, e iniciar su inmediata implementación.