La Dirección Ejecutiva Estatal del PRD que encabeza Julio César Pérez González, al hacer uso de la libertad de expresión, señala qué, en el nuevo conflicto social que estalló en Xaltocan, se debe a la incapacidad del secretario de Seguridad Ciudadana Raúl Ruíz García, así como de sus mandos operativos.
En menos de 48 horas de haberse registrado una protesta en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado por pobladores de Tlalcuapan ante la detención de su presidente de comunidad, fue el fin de semana que se registró otro estallido social y ello por la incompetencia de aplicación de protocolos que causó un enfrentamiento social.
Más que brindar seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el uso de antimotines, gas lacrimógeno y del helicóptero, no son métodos para inhibir una protesta sino para provocación, enojo y para enardecer a los pobladores.
El PRD, ante ambos hechos lamentables ocurridos por la ola de delincuencia en Tlaxcala, pregunta a la autoridad estatal el por qué no se pone en marcha el “Protocolo de actuación para prevenir y atender casos de linchamiento en el estado de Tlaxcala”, así como para disuadir las inconformidades sociales o amotinamientos, pues en ambos casos se evidencia la incapacidad de Raúl Ruíz para generar un diálogo, y aplica la fuerza pública como “método” para frenar protestas y movilizaciones ciudadanas.
Dicho protocolo establece en su artículo décimo primero qué, “Si los esfuerzos por disuadir a las personas generadoras del conflicto se agotan, se evaluará la pertinencia del uso racional de la fuerza para rescatar a la o las personas retenidas, a efecto de salvaguardar su integridad…”, lo que no ocurre por ignorancia, pericia, o ineptitud.
En el caso de Xaltocan, la ausencia de diálogo causó la quema de una patrulla, daños a otros vehículos públicos como el del Servicio Médico Forense, y a las instalaciones de la autoridad municipal.
Ante estos hechos, el PRD alza la voz para exigir enérgicamente a la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros a que frene los actos de provocación y enfrentamiento de la policía estatal con los ciudadanos y se privilegie el diálogo que los golpes o el uso de gas lacrimógeno en las protestas sociales o inconformidades.