Preocupa en demasía que la acción gubernamental del poder ejecutivo estatal para remediar la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, se oriente a anuncios de acciones imprecisas o desordenadas, mientras en la práctica no se vislumbran políticas adecuadas y contundentes para el saneamiento integral.
El pasado 23 de marzo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de acuerdo con un comunicado de su oficina, participó en la Conferencia Internacional del Agua 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, donde, sin precisar con quién se reunió del sistema universal de protección de derechos humanos, señala que “firmó una serie de compromisos para mitigar la contaminación de la Cuenca Alta [sic] en el río Atoyac, que pasa por los estados de Tlaxcala y Puebla”.
Al respecto manifestamos nuestra preocupación por la utilización de ese espacio para hacer creer allá, pero sobre todo a la ciudadanía tlaxcalteca, que el gobierno estatal está llevando a cabo acciones eficaces para corregir la situación de devastación socioambiental en que vivimos en la Cuenca del Alto Atoyac.
Consideramos que se utiliza la información sobre las problemáticas de las descargas industriales y la grave situación de enfermedades relacionadas con la devastación provocada por las grandes industrias, de manera superficial y solo para justificar un supuesto cumplimiento de acuerdos internacionales en torno al derecho humano al agua.
De acuerdo con la escueta información dada a la ciudadanía a través de su comunicado, se trata de acciones que, además de procurar sólo un cambio de imagen en lugar de solucionar la problemática de fondo, han sido acordadas sin la participación de la ciudadanía afectada, no cumpliendo la obligación de acatar lo indicado en el Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por el Estado Mexicano y que, por lo mismo, obliga a todos los gobiernos estatales y municipales en el país.
Nos preocupa también que, tanto en sus acciones como en su discurso, el gobierno del estado omita considerar la construcción de políticas y la realización de acciones en torno a la responsabilidad de las grandes industrias manufactureras sobre la utilización del agua, el saneamiento y la disposición de sus aguas residuales, de sus residuos sólidos y de las emisiones que realizan al aire. Reduciendo entonces su compromiso a un proyecto piloto, en vez de regular localmente a las industrias con los estándares más altos de cumplimiento para el cuidado ambiental, y con esos mismos estándares exigir la regulación federal.
Nos preocupa que, en lugar de eso y al igual que en administraciones anteriores, se favorezca la impunidad de las grandes industrias y se tienda a culpabilizar principalmente a las micro y pequeñas empresas en el territorio “de los talleres domésticos que aún tenemos y que no cumplen con la normatividad”, a decir de la gobernadora en Nueva York, ocupándose más de imponerles multas y clausuras que de ofrecer alternativas de reconversión en sus procesos de manera que no impacten negativamente en el ambiente y que, además, puedan mantener y mejorar la cantidad y condiciones de los empleos que ofrecen en las comunidades.
Este abordaje de la devastación -que evidencia desconocimiento integral de lo que pasa, y por tanto deriva en líneas de acción fuera de lugar- se mostró también ayer 28 de marzo, en la Quinta reunión del grupo de trabajo interinstitucional del Alto Atoyac. En su intervención la gobernadora señaló que en cuatro meses alcanzaron el 100% de los objetivos programados para 2021 en el Programa de Acciones para el Saneamiento (PAS) y señaló que en 2022 hicieron 514 acciones. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el saneamiento de los ríos Atoyac, Zahuapan y sus afluentes. El problema es que, de origen el PAS no va a las causas profundas que generan la devastación socioambiental de la Cuenca, ni hay una acción realmente coordinada entre las diferentes instancias de gobierno.
Por nuestra parte, también el día de ayer, realizamos el foro virtual Cuenca Atoyac-Zahuapan entre la devastación y la esperanza, en el que además de presentar el número especial de La Jornada del Campo sobre la Cuenca, abordamos las condiciones de devastación, y el estado de la Cuenca a seis años de emitida la Recomendación 10/2017 de la CNDH sobre las violaciones a derechos humanos generadas en el territorio por la contaminación industrial y la permisibilidad del Estado.
Como ciudadanía, sociedad civil y comunidades, exigimos que los avances frente al problema no se midan como tradicionalmente se han hecho, es decir, solo a partir del número de acciones realizadas, sino con los siguientes indicadores:
- Disminución de la contaminación provocada por las grandes industrias a cuerpos de agua.
- Atención de casos, y su gradual disminución, de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la contaminación, como son la insuficiencia renal crónica, y la leucemia, entre otras.
- Restauración de la biodiversidad en los cuerpos de agua existentes, como son los ríos Atoyac, Zahuapan y sus afluentes.
- Preservación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos existentes en la cuenca.
Acudir a Nueva York, o externar en una reunión que el PAS tiene avances, no implica que de facto la gobernadora esté abonando al saneamiento de la Cuenca. Se precisa cumplir comprometida y organizadamente con los lineamientos internacionales, referidos recientemente por el Relator de Naciones Unidas en Tlaxcala, Pedro Arrojo, en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento; y se precisa ser representante real de la ciudadanía que priorice la vida digna y sana en el entorno.