La diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la LXIV legislatura, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el párrafo primero del artículo 7 y se adiciona una fracción al artículo 2, una fracción al artículo 36, un párrafo al artículo 51 ter y 51 quater, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en materia de atención a la violencia de género contra las mujeres.
En la máxima tribuna del Estado, la congresista recalcó la urgencia de la creación de los juzgados especializados para la atención en materia de violencias género, así como la aplicación de la convención de Belém do Pará, a fin de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, con medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
De manera, la legisladora propuso que el ejercicio del Poder Judicial del Estado sea depositado también en juzgados especializados en atención a violencia de género contra las mujeres, al igual que sea competencia de las sala civil- familiar conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dicten los jueces especializados en atención a la violencia de género.
La propuesta de los juzgados especializados contempla un equipo interdisciplinario para el desahogo de las diligencias, que atienda los asuntos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política, contra los derechos reproductivos y sexuales, cibernética, familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, digital y mediática, en el noviazgo, obstétrica, el hostigamiento y el acoso sexual y cualquier forma que lesione o dañe la dignidad e integridad de las mujeres.
La diputada, Diana Torrejón, enfatizó que la iniciativa además de ser un cumplimiento del Estado para con la protección integral de las mujeres víctimas de este delito, así como de las personas cercanas a su entorno familiar, también es un acto de congruencia por parte de una entidad cuyos poderes Ejecutivo y Judicial tienen como titulares a mujeres.