Al iniciar el proceso de dictaminación de cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018, aprobaron los estados financieros de 15 entes públicos.
En lo que fue el inicio del período extraordinario público de sesiones convocado por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, los Legisladores locales dieron lectura a los dictámenes emitidos por los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, en los que declararon revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas.
Los dictámenes aprobados por mayoría de votos establecen que de acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los montos observados a los 15 entes, se ubican dentro de los márgenes de legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos.
Las cuentas públicas avaladas fueron las del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala; del Patronato la Libertad, Centro Cultural de Apizaco; del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación; de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.
Así como del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala; del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura; de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala; de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión; del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos; y del Fideicomiso de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos.
A pesar de que las cuentas públicas fueron aprobadas, el Pleno del Congreso local instruyó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el dictamen avalado no modifica, solventa, limita o implica nulidad de las observaciones, las que continuarán subsistentes conforme a los informes de resultados.
Asimismo, el OFS tendrá que informar al Congreso del Estado, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, y demás acciones promovidas al ente fiscalizable.
En este sentido, también se exhortó a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de los entes fiscalizados.