- Recomendó a medios de comunicación «checar» el espacio para entrevista con área de prensa de la PGJE «pues así me lo dijeron».
A poco más de dos meses de haber sido nombrado como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala, Ricardo Sánchez Ramírez, se negó a responder sobre los avances y resultados de dicha instancia y literalmente huyo de los medios de comunicación de que debe tener autorización de la Procuradora de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán.
Luego de participar en un evento convocado por la Barra Mexicana de Colegio de Abogados en un salón propiedad de la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la comunidad de Ixtulco, el funcionario estatal justificó que cualquier entrevista deberá ser a través del área de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “pues así me lo dijeron”.
Sánchez Ramírez, quien al parecer es hermano del también abogado Miguel Sánchez Ramírez Director Jurídico de la Secretaria de Gobierno (SEGOB) fue nombrado los primeros días del pasado mes de septiembre tras al cese repentino de Domingo Tamalatzi Rodríguez.
Así y luego de ofrecer una plática en el marco de la visita a Tlaxcala de Víctor Olea Peláez, Presidente Electo de la Red Mexicana de Colegios de Abogados AC, el fiscal de combate a la corrupción en la entidad al percatarse de la presencia de reporteros salió de manera apresurada del lugar.
Al ser alcanzado casi al abordar su unidad y tras hacerle la petición de una entrevista, atajo que no se niega a darla “pero todo es con autorización de comunicación social de la procuraduría, chéquenlo y hacemos la entrevista de una manera organizada y ya”.
Ante la insistencia recomendó “checarlo” con la vocera de la PGJE, Elsa Martínez Flores a fin de recibir toda la información que se requiera , “pero debe ser a través del área de comunicación social de la procuraduría, ese es el conducto y así me lo dijeron” reiteró al momento de abordar su unidad y marcharse.
Mencionar que en días pasados, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) presentó el informe “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, donde aseguró que en el combate de la corrupción, en 2022 la fiscalía de Tlaxcala tuvo una ligera mejora en algunos rubros, pero empeoró en otros, eso en comparación con el panorama de 2020.
Tras analizar datos de 2021 y 2022, señala que Tlaxcala, junto con Querétaro y Guanajuato, es una de las tres fiscalías que en ese lapso judicializaron apenas alcanzó más del 15 % de los casos iniciados.
Sin embargo, establece que la fiscalía carece de autonomía, ya que el nombramiento del titular depende directamente de la PGJE; además de que su marco jurídico es insuficiente, lo que repercute negativamente en la judicialización de casos penales por la ausencia de técnicas adecuadas de recolección de pruebas, aunado a que es una de las 10 fiscalías anticorrupción en las que no son realizadas investigaciones de oficio, es decir, a pesar de que la instancia conoce por medios distintos a la denuncia posibles delitos relacionados con corrupción, no inicia las investigaciones correspondientes, y con ello incurre en omisión o retraso.