- La mandataria afirmó que no permitirá que se dañe o afecta la estabilidad de la entidad.
Por cometer diversos actos que ponían en riesgo la estabilidad de la entidad y violentar la Ley Laboral de los Servidores Públicos de Tlaxcala, Enrique Escobar Cortes fue destituido este martes, confirmó la Gobernadora Lorena Cuéllar al asegurar que él también representante del Sindicato 7 de Mayo, será liquidado conforme a la ley.
En entrevista en el municipio de Tlaxco, reiteró que los despidos van a continuar en la administración estatal y será para aquellos que violen la ley o no quieran contribuir en si administración.
Lamentó que sobre la operación del nuevo sistema de servicios de salud para trabajadores siga generando desinformación y puso como ejemplo a la activista y ex Directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Yenny Charrez Carlos, quien dijo se ha estado involucrando en el movimiento y en días pasados acudió a uno de los nuevos módulos médicos para mostrar que a una persona no le era surtida una receta; sin embargo, “lo que no dice es que exigían un medicamento que era de Estados Unidos y que antes se le daba, pero era un gasto excesivo que además no estaba certificado por los organismos nacionales”.
Recordó que el pasado 14 de septiembre dialogó personalmente con Enrique Escobar Corona, funcionario adscrito a la banda de música de la secretaría de educación pública del estado para reiterar las bondades del nuevo modelo de salud a trabajadores.
En este sentido Cuéllar Cisneros, explicó que con el nuevo sistema se acabaron los actos de corrupción de unos cuantos y a la vez “ poner orden” para solventar pagos, sin permitir que las y los burócratas reciban “menos de lo que tenían, al contrario, dar mucho más”.
Remarcó que la destitución de Escobar Corona está apegada a derecho por haber incumplido lo establecido en el artículo 34 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos, en el sentido de que todo servidor público “tiene que comportarse como un verdadero servidor público, tiene que ir en torno al respeto, a no incitar a compañeros, a no provocar y a varias cosas”, por lo que la decisión tomada no es arbitraria.
“Hubo avisos previos de que esto” podría suceder, pero a pesar de la voluntad política del gobierno, la actuación de la parte inconforme “es algo político, sí, obviamente, algo que quiere dañar al estado y eso no lo podemos permitir”, concluyó diciendo la mandataría estatal.