-El Congreso es el único facultado para llevar a cabo su remoción, señalan Trinidad Ordoñez Carrera y Javier Vega Sánchez.
Tras ser despedidos cesados de sus cargos, Trinidad Ordoñez Carrera y Javier Vega Sánchez, denunciaron irregularidades de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle y pidieron la intervención del Congreso del Estado.
Los escritos, que se dieron lectura por separados en el punto de correspondencia de la sesión de este jueves, fueron mutilados por el área de prensa de la legislatura, mencionan que ambos ex trabajadores sufrieron intimidación y calumnias.
En el caso de Joel Trinidad Ordoñez Carrera, hermano de Ernesto Ordoñez Carrera, ex Secretario de Gobierno al inició de la administración del priista Mariano González Zarur, señaló que el pasado ocho de diciembre del 2016, fue ratificado por la entonces legislatura como Auditor Especial, sin embargo de manera injustificada el día 11 del mes en curso “se constituyó en las oficinas que ocupa la Auditoria Especial de cumplimiento, el licenciado Apolonio Jacinto Galicia Rodríguez, Director Jurídico y la licenciada María de los Ángeles Martínez, Coordinadora de la Directora Administrativa”, quienes le notificaron el cese de su cargo.
Recordó que, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para ser removido de su cargo se deberán comprobar causas graves de responsabilidad administrativa, además de haber derecho de audiencia al afectado y, de ser el caso “la remoción requerirá del voto de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Congreso”.
Mientras tanto Javier Vega Vázquez, que ocupaba el cargo de Auditor “C”, denunció que ha sido víctima y arbitrariedades por parte de la “Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como el Director Jurídico de dicho ente fiscalizador, lo anterior en razón de que con el afán de deslindarse de su responsabilidad por la pérdida de diversos procedimientos de responsabilidad indemnizatoria, arremetieron en mi contra calumniándome, presionándome e intimidándome en un procedimiento de investigación…”.
Además, acusó que el Director Jurídico carece de facultades y personalidad para aplicar un procedimiento de investigación en su contra, siendo el Congreso el único facultado.