Las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por mayoría de votos la autorización al municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, la contratación de un crédito simple con cualquier Institución de Crédito del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones del mercado por un monto de 5 millones 300 mil pesos.
Durante la trigésima quinta sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, dio lectura al expediente parlamentario que le fue turnado, esto, a solicitud del alcalde Ángelo Gutiérrez Hernández a fin de realizar una inversión pública productiva.
El crédito simple considera la adquisición de cuatro vehículos tipo patrulla para el área de seguridad pública, una camioneta tipo pick-up para el área de protección civil, otra unidad igual para el área de servicios públicos y un vehículo para el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), todo esto para poder mejorar los servicios brindados a la ciudadanía de este municipio.
Con fundamento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala en su artículo 54, la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al igual que el acta de cabildo del de Apetatitlan de Antonio Carvajal, debidamente aprobada en tiempo y forma por cada uno de sus integrantes, es que se le dio el sustento legal y la tramitación correspondiente a esta solicitud, donde la Comisión de Finanzas determinó como procedente, y por lo cual, fue presentada ante el pleno del Poder Legislativo.
Y por mayoría de votos se avaló la solicitud de crédito simple con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones, a fin de poder adquirir el parque vehicular que resulta de gran utilidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía, mismo que deberá realizarse bajo los principios de total transparencia, rendición de cuentas, justificación de la inversión pública productiva y la responsabilidad de la correcta aplicación de los recursos.