- El titular de la PGJE, afirmó que los hechos se registraron en el sexenio pasado.
Al ser un asunto de la pasada administración de Mariano González Zarur, el Gobierno del Estado analiza si acepta o no la recomendación que emitió el fin de semana la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entorno a las agresiones a migrantes centroamericanos en Apizaco, aseguró el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez.
En entrevista colectiva, reveló que el Gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ya recibió la recomendación, donde se establecen hechos del año 2015 a cargo de garroteros del tren, quienes dispararon a un migrante nicaragüense que murió sobre las vías del tren.
Afirmó que “hay asuntos que son de la administración pasada, los cuales se van a verificar, por el momento están en estudios jurídicos para ver cómo se va a contestar y qué avances tienen las carpetas de investigación”.
El abogado de la entidad, explicó que son diferentes dependencias de la administración pasada, que encabezó Mariano González Zarur, las que incluye la recomendación, pues “el dato que tengo es que es de 2015, 2016 y son diferentes actos de ministerios públicos, policías en cuestiones de migrantes, no tengo la recomendación y es lo que debemos estudiar, cuántos ministerios públicos de esa administración pasada están involucrados”, insistió en el funcionario estatal.
No obstante, dijo que el documento de la CNDH ya llegó al Gobierno Estatal y esta a la espera que sea turnado a la PGJE “para ver los puntos precisos de la recomendación y como no la tengo, no sé cuáles son los tiempos para contestar”.
El funcionario estatal reiteró que se hará primero el estudio y análisis de la recomendación para saber si la aceptan o no.
La recomendación emitida el pasado 13 del mes en curso, establece un periodo de 6 meses para que las autoridades lleven a cabo un estudio técnico-jurídico de cada una de las Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación, Actas Circunstanciadas y Actas de Hechos radicadas en la PGJE de Tlaxcala, con la finalidad de que se agilice la investigación de aquellas que se encuentren en trámite y se valore la reapertura de aquéllas en reserva o archivo temporal.
Además recomienda también iniciar procesos administrativos a los funcionarios que hayan obstruido el acceso de los migrantes a la justicia.