El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, vetó el decreto 290 aprobado por la LXIII legislatura al considerarlo inconstitucional, así como violatorio al principio proporcionalidad tributaria; con ello no aprobó el apoyo a los concesionarios del transporte público, decretados por la legislatura en el mes de noviembre pasado.
A través de la correspondencia dada conocer este viernes en la sesión permanente la secretaria de la mesa, Laura Yamili Flores Lozano, dio a conocer que en un documento signado por el mandatario estatal y el secretario de gobierno, José Aarón Pérez Carro, hicieron diversas observaciones al decreto aprobado por el Poder Legislativo para apoyar a los concesionarios del transporte público debido a la pérdida de recursos por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo al documento enviado por el Poder Ejecutivo se opuso a las reformas hechas por los legisladores a la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala, así como al Código Financiero para el estado y sus municipios debido a que atenta contra la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente al aprobar que los concesionarios tuvieran la posibilidad de hacer el cambio de la unidad en 15 y no en 10 años, como lo establece la Ley actualmente.
La observación del Ejecutivo, en este sentido, señala que el incremento en los años de servicio de las unidades le quita a la ciudadanía la posibilidad de contar “con mayores estándares de salud y una protección mayor a su derecho a gozar de un ambiente sano” e incluso se detalla que esta reforma «no garantiza el derecho de las personas a acceder al servicio de transporte concesionado en condiciones de seguridad (…) ya que la norma en lugar de promover que los vehículos empleados sean de la más alta tecnología, tanto en materia ambiental como de seguridad, lo que proponen es retroceso”.
De igual forma los legisladores aprobaron la modificación de diversos artículos para dar descuentos de hasta el 70 por ciento en el pago de las obligaciones a permisionarios del transporte público, sin embargo, el gobierno del estado observó que la medida “viola el principio de proporcionalidad tributaria; (…) el artículo adicionado no cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que no brinda los elementos suficientes para determinar los supuestos en los que se aplicará la liberación de la obligación tributaria” detalla el documento enviado en días pasados por el gobierno estatal al Congreso local.
Con esta suman cuatro las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la actual gestión, las cuales no han tenido respuesta posterior; así se encuentran en la congeladora y sin solución la Ley de ecología y protección al medio ambiente para el estado de Tlaxcala que buscaba eliminar la utilización de plásticos de un solo uso; la Ley de Protección civil del estado y la Ley de austeridad, racionalidad, probidad y disciplina en el manejo del presupuesto público del estado de Tlaxcala y sus municipios.
De acuerdo al documento enviado por el Poder Ejecutivo se opuso a las reformas hechas por los legisladores a la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala, así como al Código Financiero para el estado y sus municipios debido a que atenta contra la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente al aprobar que los concesionarios tuvieran la posibilidad de hacer el cambio de la unidad en 15 y no en 10 años, como lo establece la Ley actualmente.
La observación del Ejecutivo, en este sentido, señala que el incremento en los años de servicio de las unidades le quita a la ciudadanía la posibilidad de contar “con mayores estándares de salud y una protección mayor a su derecho a gozar de un ambiente sano” e incluso se detalla que esta reforma no garantiza el derecho de las personas a acceder al servicio de transporte concesionado en condiciones de seguridad. (…) ya que la norma en lugar de promover que los vehículos empleados sean de la más alta tecnología, tanto en materia ambiental como de seguridad, lo que proponen es retroceso”.
De igual forma los legisladores aprobaron la modificación de diversos artículos para dar descuentos de hasta el 70 por ciento en el pago de las obligaciones a permisionarios del transporte público, sin embargo, el gobierno del estado observó que la medida “viola el principio de proporcionalidad tributaria; (…) el artículo adicionado no cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que no brinda los elementos suficientes para determinar los supuestos en los que se aplicará la liberación de la obligación tributaria”.
Con esta suman cuatro las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la actual gestión, las cuales no han tenido respuesta posterior; así se encuentran en la congeladora y sin solución la Ley de ecología y protección al medio ambiente para el estado de Tlaxcala que buscaba eliminar la utilización de plásticos de un solo uso; la Ley de Protección civil del estado y la Ley de austeridad, racionalidad, probidad y disciplina en el manejo del presupuesto público del estado de Tlaxcala y sus municipios.