- La votación de la mayoría de MORENA va en contra de las decisiones de la SCJN y la COFECE, asegura.
Las modificación a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala que somete a las empresas de redes de transporte a un modelo de regulación de transporte público sujeto a concesión, va en contra de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Comisión Federal de Competencia Económica(COFECE) y afecta a 200 familias que han encontrado en ellas una oportunidad de autoempleo.
“El Diputado Miguel Piedras Díaz, Presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, presentó esta iniciativa de ley, que privilegia a grupos de interés por encima del interés general de los ciudadanos”, señala la empresa privada a través de un comunicado de prensa.
“Uber llegó a Tlaxcala para ofrecer una opción más de movilidad que contribuya al diseño y construcción de una ciudad más sostenible para todos, visión que compartimos con el Gobernador del Estado. Esta votación vulnera los derechos de 4,500 usuarios que han encontrado en las plataformas digitales una opción de movilidad segura, confiable, rápida y eficiente”, afirmó Saúl Crespo, Gerente de Comunicación de Uber.
Esta medida es inconstitucional, pues en febrero de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de que las empresas de redes de transporte fueran sometidas a los mismos criterios regulatorios que el transporte público.
Este tipo de acciones daña gravemente la percepción de transparencia de las autoridades hacia sus ciudadanos, especialmente en un estado que ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones su intención de atraer la tecnología y la innovación como motor de desarrollo en Tlaxcala. La vinculación de ciertos diputados en temas de regulación atendiendo a intereses personales preocupa y genera incertidumbre para la inversión en el Estado.
“En Uber seguiremos trabajando para ofrecer un servicio confiable y accesible en Tlaxcala, que responda a los intereses y necesidades de su ciudadanía, y que de igual manera promueva la libre competencia y un impacto positivo para la economía y la seguridad en el Estado”, concluyó Crespo.