Fortalecer seguridad y procesos jurídicos para frenar linchamientos en lugar de uso de armas letales

Sobre el Protocolo de Actuación Policial para la Atención de Posibles Linchamientos en el Estado de Tlaxcala luego de los intentos de linchamientos en municipios, la Diputada Diana Torrejón Rodríguez adelantó que, es un tema que requiere la atención inmediata debido a que en la mayoría de ese tipo de sucesos la sociedad ha buscado hacerse justicia por mano propia ante los nulos resultados en materia de seguridad.

La también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, explicó que los mecanismos de actuación y a pesar de que no los conoce a detalle, admitió que el tema de los linchamientos; “es un fenómeno social difícil y muy grave creo que la sociedad está cansada de muchas situaciones principalmente por la falta de seguridad”.

Y es que de acuerdo al protocolo aprobado recientemente ha provocado diversas reacciones entre la sociedad, ya que; “…en caso que existan amenazas letales y la resistencia sea real, actual o inminente, el personal policiaco deberá actuar solo en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integren el conflicto o ajenas a ellas, y actuando bajo el principio de absoluta necesidad, podrán repeler la agresión mediante el uso de armas letales”.

Torrejón Rodríguez dijo que, en la mayoría de los intentos de linchamiento, el malestar social se da muchas de las veces entre la población en general, por la respuesta tardía de la policía municipal como primeros respondientes; “carecen de muchas situaciones para atender al fenómeno como tal, capacitación y conocimiento en el tema de los derechos humanos sobre todo y ahí es donde se debe reforzar”.

De acuerdo a las cifras oficiales en Tlaxcala, el fenómeno de los linchamientos presenta un crecimiento exponencial, ya que en el 2019 fueron registrados 10 casos, ya para el 2020 disminuyeron a ocho, mientras que en 2021 se incrementó a 19, y finalmente en 2022 aumentó a 28 casos que quedaron en intentos.

Sin embargo, existen dos casos en los que las personas detenidas por la población perdieron la vida, uno en 2022 en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan y uno más al inicio del 2023 ya que en el pasado mes de enero una persona perdió la vida en Españita luego de que fue acusado por la población de delinquir flagrantemente.

Ante esa problemática, la Legisladora sostuvo que, una situación que agrava la problemática en la mayoría de municipios, es; “la mínima seguridad que existe en casi todos los municipios…y al ser detenidos los presuntos delincuentes por la población, ésta busca hacerse justicia con mano propia ya que el modelo de justicia actual les brinda garantías a quienes delinquen y en su gran mayoría no son sancionados”.

Diana Torrejón consideró que, ese procedimiento jurídico ha enardecido más a la población ya que además de que es el proceso legal adecuado, lamentablemente es lento y desgastante, por lo que las partes afectadas o las víctimas, manifiestan el desinterés de presentar las denuncias y darle el seguimiento como marca la Ley.

La también coordinadora de la fracción priista, adelantó que ese tema será abordado en próximos días en la Comisión que preside para ver los efectos colaterales ya que aún no ha entrado en vigor por lo que se requiere sensibilización e información al respecto para contribuir en que los derechos humanos sean respetados, pero sin violar la acción de la justicia y que la población se anime a denunciar para frenar los intentos de linchamientos.