Exigen atender enfermedades, disculpa pública y mejorar infraestructura de salud alrededor de la cuenca
Defensores de los derechos humanos ambientales manifestaron su preocupación porque el convenio firmado por los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala , así como dependencias federales para el rescate del río Atoyac sea un acto de “relumbrón” con fines electorales por la cercanía del 2021.
En conferencia de prensa los activistas e integrantes del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, dieron a conocer un manifiesto con motivo del convenio marco para el saneamiento del río Atoyac, Puebla y Tlaxcala signado el parado 28 de septiembre por los dos titulares del poder Ejecutivo y dependencias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras a fin de dar cumplimiento a la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala.
Al respecto los integrantes del colectivo de organizaciones que interpusieron la queja desde el año 2011 y esperaron seis años para obtener la recomendación, señalaron que entre sus preocupaciones están que el compromiso “firmado pueda ser solo de relumbrón, estando tan cerca del periodo electoral de 2021, y pretenda usarse como un mecanismo más para conseguir votos”.
Asimismo que “como ha sucedido en ocasiones anteriores” se simule el cumplimiento de la Recomendación, por ello recriminaron que se convoque en Tlaxcala y Puebla solamente a quienes simpaticen con los gobiernos en turno, sea por razones políticas o económicas; además que como sucedió en gobiernos pasados los convenios firmados en años pasados sean una simulación para justificar el gasto en medidas parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron.
De igual manera reclamaron que lejos de controlar las descargas de contaminantes y limpiar el agua solo se continúa dando prioridad a la construcción de infraestructura hidráulica, sea adecuada o no, y en paralelo o por encima de las necesidades de remediación de suelos y aire y de la reparación del daño a las comunidades, familias y personas afectadas por la devastación socioambiental de la cuenca, entre otros.
También exigieron que el convenio se cumpla y se logre implementar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac; asimismo se concrete el discurso del pasado 28 de septiembre para que se cumpla el objetivo de restauración y saneamiento del afluente; por ello señalan que estarán atentos para que en el Programa Nacional de Salud Humana y Ambiental se considere el establecimiento de condiciones particulares de descarga donde se incluyan los contaminantes que están descargando las industrias, así como la definición de sanciones vinculadas al cierre o suspensión de labores a las industrias contaminantes.
Por ello propusieron incluir las metas precisas de reducción tangible y sensible de la contaminación química y bioquímica, a fin de establecer sanciones y garantías de cumplimiento para el gobierno y las industrias; así como la cobertura universal de agua potable y saneamiento en la zona.
Entre otras situaciones, propusieron que el gobierno y los empresarios reconozcan públicamente el daño cometido a las comunidades por el silencio, la negligencia y la simulación anta la catástrofe ambiental y de salud de la cuenca del Alto Atoyac. Una Disculpa Pública ; así como la aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.
El documento presentado exige la elaboración y divulgación pública de un informe preliminar sobre la situación general de salud ambiental y ocupaciones de la población en la cuenca, valoración sobre las condiciones de los centros de salud existentes en los municipios de la cuenca; de igual manera hacer un censo de enfermedades y enfermos para determinar las necesidades urgentes de atención y tratamiento para los pobladores afectados por la contaminación; realizar una evaluación de la necesidad de instalar un Hospital de especialidades, así como la garantía de acceso a servicios de salud de calidad –suficientes, gratuitos y humanos- y conformar un registro estatal y municipal permanente del cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas para detectar los focos de mayor concentración de casos.